Tras la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016, las comunidades indígenas, campesinas y rurales de los municipios más afectados por el conflicto, se dieron a la tarea de construir, en conjunto con instituciones y agencias estatales, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y posteriormente los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) en los territorios más afectados por el conflicto, entre ellos, 9 municipios de los 13 en total del departamento del Putumayo. Este trabajo, liderado por las instituciones del Estado, implicó la participación de representantes de Juntas de Acción Comunal (JAC), y líderes y lideresas de otras formas organizativas a nivel veredal y municipal en el año 2017 y 2018.
En este contexto, el proyecto PUEDES retoma el trabajo de planeación de los PDET y en conjunto con la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y las administraciones municipales, prioriza las veredas de los 5 municipios de su intervención, y socializa una estrategia de incidencia -de “abajo hacia arriba”- para la construcción conjunta de diagnósticos y propuestas a ser incluidas en instrumentos de política pública local, y el diseño de propuestas -en forma de proyectos técnicos- a presentar al Banco de proyectos de OCAD PAZ[1] u otras fuentes de financiación de parte de las administraciones o las comunidades co-formuladoras. Con este objetivo, se da a la tarea de realizar diagnósticos y perfiles veredales participativos que permitan -a las y los habitantes de estos territorios- la identificación de necesidades socio económicas en los municipios de Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Leguizamo, y Valle del Guamuez. Estos insumos preliminares se traducen luego en “mapas parlantes” de 25 veredas de los 5 municipios en mención. Con este ejercicio, en el primer semestre de 2019, líderes, lideresas, autoridades tradicionales y representantes a nivel veredal o de cabildo, se reunieron en asambleas para construir alternativas de solución a las problemáticas que afectan el desarrollo de sus comunidades e identificar las potencialidades a nivel productivo existentes en sus territorios.
A pesar de los obstáculos asociados al cambio de administraciones locales, las y los participantes a nivel veredal y municipal de la estrategia de incidencia del proyecto PUEDES, retomaron el ejercicio de los 25 planes de desarrollo veredal y los planes de vida de comunidades indígenas – en Puerto Caicedo, Puerto Asís y Puerto Leguizamo – y, por medio de una estrategia participativa, construyeron los insumos a ser presentados e incluidos en los planes de desarrollo municipal. Esta estrategia, facilitó la participación de líderes y lideresas con propuestas concretas en mesas de diálogo regionales y comités temáticos a nivel municipal. La inclusión de sus propuestas lleva a pensar que hay una mejor percepción de la eficiencia de los espacios de participación ciudadana y disposición de las administraciones locales a incluir propuestas en planes y programas de política. Luego, en los meses de restricción de movilidad por la pandemia, se realizaron reuniones virtuales con autoridades y entidades locales y se diseñó una estrategia conjunta de monitoreo del proceso de inserción de 28 propuestas, principalmente en aspectos relacionados con: el ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo; educación rural y de la primera infancia; en vivienda rural, agua potable y saneamiento; y, salud rural.
Este trabajo incluyó, además, la activación de espacios y acciones posteriores para el seguimiento de la implementación de las mismas. Lo anterior, da cuenta de un cambio importante en el ejercicio de participación efectiva de las y los ciudadanos de zonas rurales y urbanas en los planes de desarrollo de los territorios en los que habitan.
“Esto de los planes municipales ha evolucionado mucho. Antes, todo quedaba en promesas vacías y uno se conformaba con lo que el alcalde hiciera. (…) Desde que nos pensamos como vereda, en nuestra tierra, la cosa es diferente. Pues no tenemos ideas sueltas, sino que participamos y trabajamos todos para sacar a Colonia Nueva adelante. (…) El construir los planes de desarrollo de nuestras veredas nos cambió todo. A muchos de nosotros, que estábamos cansados de la situación y de la inseguridad, nos animó a quedarnos y apostarle a nuestros territorios. Propusimos proyectos claros ante la alcaldía y de esos, quedaron: la construcción del teleférico para el paso del río y la planificación predial en la vereda. Nuestro plan es a 2030, así que vamos poco a poco poniendo nuestras ideas en los planes y haciéndole seguimiento con la veeduría, para que no se quede sólo en el papel”.
A esta experiencia, se suma la incidencia en instrumentos de política por parte de mujeres en proceso de reintegración de zonas rurales del municipio de Puerto Guzmán. En efecto, de las veintiocho mujeres reintegradas que hacen parte de la Granja-Cooperativa COOMUCOM[2] quince de ellas, se han dado a la tarea de diseñar y presentar propuestas en materia de acceso a programas de educación superior, medidas diferenciadas y afirmativas para la reincorporación integral y comunitaria de mujeres reintegradas y la creación de una escuela de formación política y de participación para las mujeres, ante el Concejo Municipal, miembros de la Asamblea Departamental, representantes de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y de la Procuraduría General de la Nación (PGN) De estas acciones de incidencia, se observa la inclusión de dos aspectos centrales, propuestos por ellas, en la Política Pública de Equidad y Género para las mujeres de Puerto Guzmán: la formación política y ciudadana para la incidencia en política pública de las mujeres y el fortalecimiento del proceso de reincorporación de las mujeres en el marco del Acuerdo de Paz. Este ejercicio evidencia un avance para un cambio discursivo de los hacedores de política, al considerar las propuestas de mujeres en procesos de reintegración dentro de las políticas que les afectan.
A la par de la construcción de estos insumos y propuestas, lideresas y líderes de organizaciones sociales de base y JAC de los municipios de Orito, Puerto Asís, Valle del Guamuez y cabildos indígenas de los municipios de Puerto Leguízamo y Puerto Caicedo diseñaron propuestas, que luego, con el asesoramiento del proyecto PUEDES, se conformarían en 21 proyectos técnicos con presupuestos incluidos, a ser financiados por el Banco de Proyectos de OCAD PAZ. Estos esfuerzos de construcción de política a nivel veredal, de resguardos y a nivel municipal, evidencian el diseño de manera participativa de propuestas técnicas a ser presentadas por las administraciones locales al Banco de Proyectos OCAD PAZ. Cinco de los proyectos diseñados por representantes de zonas rurales incluyeron iniciativas en aspectos productivos, resaltándose los proyectos relacionados con suministro de equipos y herramientas que faciliten las labores del sector pecuario y agrícola y que contribuyan a mejorar la situación de seguridad alimentaria de familias campesinas; dos proyectos están relacionados con la implementación de un sistema agroforestal y de un sistema de reforestación con especies nativas en zonas rurales en los municipios de Valle del Guamuez y Puerto Leguízamo.
Del trabajo realizado con cuatro pueblos indígenas, se presentaron proyectos para la construcción de seis malocas en beneficio de las comunidades indígenas del pueblo Murui-Muina en 6 comunidades ubicadas en el municipio de Puerto Leguizamo; y tres adicionales en beneficio de las comunidades indígenas del pueblo Awá, Nasa y Yanacona en el municipio de Puerto Caicedo. Los proyectos restantes, abordan aspectos relacionados con saneamiento básico, la rehabilitación de vías terciarias y la dotación de pequeñas infraestructuras para zonas rurales de los cinco municipios de intervención del proyecto.
Con todos estos esfuerzos de procesos de incidencia en instrumentos de política pública, se constatan cambios visibles que experimentaron los líderes y lideresas representantes de comunidades indígenas, campesinas y rurales – como agentes de cambio – que mejoraron el relacionamiento entre las comunidades y la institucionalidad local, estableciendo pactos sustantivos que se cumplen, propuestas que se insertan en instrumentos de política pública y mecanismos formales de veeduría ciudadana para la vigilancia de la gestión pública de autoridades y entidades estatales en la implementación de proyectos con recursos relacionados con el Acuerdo de Paz.
Esta reseña de caso, que contribuye al Pilar 5 del Fondo Europeo para la Paz: Presencia legitimadora del Estado y gobernanza local, fue publicada en el VIII Informe de seguimiento del Fondo Europeo para la Paz (octubre – diciembre de 2020), y refleja algunos de los logros del proyecto PUEDE, ejecutado por el Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli – CISP en consorcio con COOPERMONDO, Confartigianato Vicenza, y las Alcaldías de Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Leguizamo y Valle del Guamuez. El texto está basado en documentación facilitada por el Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli – CISP y en entrevistas a miembros de su equipo y a actores clave del proceso, algunos de cuyos testimonios se recogen en los párrafos en cursiva.
Sobre el Fondo Europeo para la Paz
El Fondo Europeo para la Paz es un mecanismo de cooperación de la Unión Europea creado para acompañar al gobierno colombiano en la implementación del Acuerdo de Paz, con énfasis en el Punto 1 de Desarrollo Rural Integral y Punto 3 en lo que concierne a la reincorporación de la población excombatiente de las FARC-EP a la vida civil. En el marco del Fondo se han puesto en marcha 31 intervenciones mediante las cuales se pretende contribuir a la reconciliación de la sociedad colombiana, a la reincorporación social y económica de excombatientes, a la equidad de género y la inclusión de sectores vulnerables de la población, al desarrollo rural sostenible e incluyente, y a la presencia legitimadora de Estado y la gobernanza local. La cobertura geográfica de las diferentes acciones del Fondo abarca 26 departamentos y 147 municipios del país.
[1] El Órgano Colegiado de Administración y Decisión específicamente destinado para la financiación de proyectos de inversión relacionados con la implementación del Acuerdo de paz, con cargo a Asignación para la Paz (OCADPAZ) fue creado por el Acto Legislativo No. 04 del 8 de 2017.
[2] Cooperativa Multiactiva Comunitaria del Común (COOMUCOM)