A través del proyecto Desarrollo Rural Integral y en medio de la coyuntura por el Covid-19, se realizó un taller virtual en el que organizaciones aliadas compartieron perspectivas sobre la autoprotección y el cuidado de las personas y los territorios en los que habitan.

Con el objetivo de intercambiar experiencias y enfoques sobre el tema de la autoprotección, y enmarcado dentro del proyecto Desarrollo Rural Integral para el Fomento de una Paz Sostenible, con el apoyo financiero de la Unión Europea a través del Fondo Europeo para la Paz, el 29 de abril de 2020 se organizó un taller virtual en el que organizaciones aliadas estratégicas del proyecto pusieron en común sus puntos de vista sobre la protección, la autoprotección y el autocuidado, cómo se incorporan en sus organizaciones y las necesidades relacionadas con éstas.

Entre las organizaciones que participaron en el evento se encontraban la Asociación Campesina de Arauca (ACA), el Centro de Alternativas al Desarrollo (CEALDES), el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Fundación Estrella Orográfica del Macizo Colombiano (FUNDECIMA) y la cooperativa Economías Sociales del Común (ECOMÚN); así como las co-solicitantes suecas del proyecto: Diakonia, Act Iglesia Sueca, Forum Syd, Federación Luterana Mundial, We Effect y SweFOR.

El encuentro permitió a las personas participantes debatir sobre la protección como un concepto integral, que abarca desde lo individual y lo físico hasta lo colectivo, emocional y espiritual.

Una estrategia que pone la vida en el centro

“Poner a la vida en el centro” no solo hace referencia a la vida humana, sino también a la del territorio, un tema central que se abordó en el taller. Otros aspectos que se mencionaron fueron la importancia de buscar alternativas, la participación activa o el conocimiento de las herramientas nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos.

A pesar de la amplitud de los temas abordados en esta sesión, una constante fue el énfasis en la mirada local. El contexto de la pandemia por el Covid-19 ha recordado a muchas organizaciones la necesidad de salvaguardar su soberanía alimentaria y territorial. Además, son necesarios espacios colectivos de reflexión y aprendizaje para identificar las condiciones socioeconómicas, culturales, políticas y territoriales que generan relaciones y grados de vulnerabilidad desiguales.

No existe un manual de autoprotección único, subrayaron las organizaciones.

Durante el desarrollo del taller, se remarcaron estrategias propias y autónomas como la guardia indígena y las personas custodias, quienes garantizan el resguardo, cuidado y protección de la comunidad y del territorio bajo la orientación de las personas mayores y con liderazgo social. De este modo, y en medio de la coyuntura por la pandemia, se ha reforzado el control territorial instalando puntos de desinfección, registro y control del ingreso de personas ajenas a las comunidades.

En cuanto a las necesidades de protección, las organizaciones mencionaron la prioridad de garantizar la integridad física de las personas con liderazgo social y/o en proceso de reincorporación. Se le añaden las dificultades en cuanto a infraestructura, señal telefónica y acceso a Internet, sumadas a la necesidad de tomar en cuenta las redes de apoyo, la protección de las familias y la relevancia de lo psicosocial en los planes de protección.

La protección es un concepto sujeto a miradas y análisis distintos, pero que requiere de un enfoque integral que “ponga la vida en el centro”, concluyeron las organizaciones. Cada territorio y organización tiene sus particularidades y riesgos diferenciados, frente a lo que cobran importancia la memoria histórica, la participación activa de todas las personas y el enfoque de género.

Sobre el Fondo Europeo para la Paz

Es un mecanismo de cooperación de la Unión Europea, que tiene entre sus objetivos apoyar a Colombia en el desarrollo rural integral de las zonas más afectadas por el conflicto y apoyar la reincorporación social y económica de las víctimas y de excombatientes, en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz. Fue creado en diciembre de 2016 y cuenta con 121,6 millones de euros (más de 420 mil millones de pesos) para apoyar proyectos de Paz en 17 departamentos y 98 municipios de Colombia (de los cuales 51 municipios son PDET).