Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, por múltiples razones históricas asociadas al conflicto armado en Colombia, han estado expuestas a la violencia socio-política y a la vulneración de sus derechos, lo cual representa afectaciones a la seguridad en especial de sus liderazgos, dificultándose los procesos organizativos. La capacidad del Estado es limitada para brindarles la seguridad que necesitan, por ende, los mecanismos comunitarios alternativos de protección son, en muchos casos, la única opción para salvaguardar la vida.
En respuesta a esta problemática, el proyecto Aremos Paz, a través de uno de sus operadores, SweFOR, llevó a cabo con 24 organizaciones de base un proceso de fortalecimiento de capacidades para la protección y autoprotección no-violenta, diferenciada y colectiva. Esto conlleva una mirada integral de los riesgos, con enfoque de género, psicosocial y territorial y el intercambio de conocimientos y experiencias sobre métodos y herramientas de protección, de cara a crear estrategias para una mayor seguridad individual y colectiva adaptadas a las circunstancias y necesidades específicas de las organizaciones participantes.
Como resultado, las organizaciones han adoptado una cultura de protección y autoprotección no violenta, a través de acciones preventivas, como contar con una red de contactos y organizar refugios humanitarios, socializar en sus comunidades las herramientas facilitadas en el proceso o usar los protocolos construidos colectivamente. Ello acompañado de acciones pacíficas frente a amenazas en los territorios, como incidencia política, articulación institucional y movilizaciones comunitarias. Desde la prevención, las organizaciones realizan asimismo acciones y ejercicios cotidianos de cuidado, identificando de manera sistemática las necesidades de protección que puedan ir surgiendo. Esto resulta particularmente relevante en un contexto donde la seguridad es dinámica por la fluctuación de actores armados e intereses en un territorio. Un ejemplo al respecto es la decisión de una organización de dejar de usar los distintivos de la guardia indígena porque genera mayor visibilidad y por ende mayor riesgo, pero cada organización implementa su propia estrategia basada en el análisis de riesgo.
Una de las lideresas participantes en el proceso comenta que “creemos que al tener la capacidad y el conocimiento de reconocer donde se presentan los conflictos, y las posibles violaciones a las comunidades, podemos actuar bajo un trabajo organizado y un proceso organizativo”.
Los protocolos es otra de las herramientas que las organizaciones tienen más interiorizadas, pues les permite establecer acciones puntuales de protección y autoprotección; algunas organizaciones han estandarizado medidas de seguridad para los desplazamientos a zonas de riesgo y otras han generado mecanismos internos para activar el relacionamiento con las instituciones públicas.
Desde la perspectiva de reacción frente a amenazas directas, las organizaciones utilizan las herramientas facilitadas en dos sentidos: para la incidencia en ámbitos municipales, regionales, nacionales e internacionales, y como acciones colectivas, incluyendo movilizaciones no violentas. Las organizaciones han buscado articularse con la institucionalidad de una manera propositiva, pues las herramientas les enseñaron cómo sistematizar y visibilizar las situaciones de inseguridad y sus afectaciones.
Frente a la reacción no violenta ante amenazas, una de las organizaciones participantes tuvo la experiencia de haber liderado comunitariamente la defensa de un líder sentenciado por grupos armados a salir del territorio: “con bandera blanca 60 personas desarmadas rodeamos su casa y no permitimos la presencia del grupo armado. Se activó el protocolo, se declaró asamblea permanente y luego se atendió la situación con Personería y los responsables fueron a la justicia. Esto es una dinámica colectiva de construcción de paz y debemos lograr que la sociedad civil esté por encima de cualquier otro interés”.
Con el proceso llevado a cabo se han propiciado mejores condiciones para que las organizaciones asuman un rol activo de cara a su seguridad y mejoren su capacidad de agencia en asuntos de protección, lo que favorece sus procesos organizativos y su permanencia en los territorios rurales.
Esta reseña de caso, que contribuye al Pilar 1 del Fondo Europeo para la Paz: Reconciliación y disminución del conflicto, fue publicada en el XVIII Informe de seguimiento del Fondo Europeo para la Paz (abril – junio de 2023), y refleja algunos de los logros del proyecto Aremos Paz, ejecutado por ForumCIV, en consorcio con Act Iglesia Sueca, Diakonia, Federación Luterana Mundial, SweFOR y We Effect. El texto está basado en documentación facilitada por el proyecto y en entrevistas a miembros de su equipo y a actores clave del proceso, algunos de cuyos testimonios se recogen en cursiva.
Sobre el Fondo Europeo para la Paz
El Fondo Europeo para la Paz es un mecanismo de cooperación de la Unión Europea creado para acompañar al gobierno colombiano en la implementación del Acuerdo de Paz, con énfasis en el Punto 1 de Desarrollo Rural Integral y Punto 3 en lo que concierne a la reincorporación de la población excombatiente de las FARC-EP a la vida civil. En el marco del Fondo se han puesto en marcha 31 intervenciones mediante las cuales se pretende contribuir a la reconciliación de la sociedad colombiana, a la reincorporación social y económica de excombatientes, a la equidad de género y la inclusión de sectores vulnerables de la población, al desarrollo rural sostenible e incluyente, y a la presencia legitimadora de Estado y la gobernanza local. La cobertura geográfica de las diferentes acciones del Fondo abarca 26 departamentos y 150 municipios del país.