Las violencias basadas en género (VBG) restringen en las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos; y aunque hay avances en el reconocimiento y atención de la problemática, aún es un reto el cumplimiento de la Ley 1257 de 2008, que dicta normas de sensibilización, prevención y sanción de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, y reglamenta la actuación de las entidades encargadas. Esta ley también establece que el Gobierno Nacional deberá fortalecer la presencia de instituciones, especialmente en zonas de conflicto y presencia de actores armados, donde es más arraigada la normalización de distintas manifestaciones de VBG y la capacidad institucional es más limitada. Una de estas zonas es el departamento de Putumayo, donde particularmente se identificaron bajas capacidades humanas en las entidades públicas, recursos insuficientes para cumplir con su cometido y desarticulación institucional en torno a la ruta de atención a VBG.

Los vacíos en la capacidad instalada en Putumayo llevaron a que el proyecto Mujeres que Transforman incluyera entre sus propósitos mejorar el acceso de las víctimas de VBG a la justicia, a la ruta de atención y los demás servicios sectoriales para prevenir y eliminar las violencias contra las mujeres. Las acciones del proyecto con las instituciones públicas involucradas en la prevención, atención y sanción de VBG han estado centradas en sensibilizar, capacitar a funcionarios(as) y acompañar la conformación y fortalecimiento de espacios de articulación interinstitucional, como los Comités Intersectoriales Municipales integrados por las Alcaldías, con sus Secretarías de Gobierno y Educación y la Enlace de Género o Secretaría de la Mujer, según el caso, el Delegado Local de Salud, ICBF, Comisarías de Familia, Fiscalía, Personería, Policía, Hospital, Judicatura y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Fortalecer la comprensión y apropiación de la Ley 1257 y de las obligaciones que conlleva, está incidiendo en una mejor atención a las víctimas y en un seguimiento más sistemático a los casos y a su resolución, pues con frecuencia quedaban represados durante periodos largos de tiempo. Las acciones llevadas a cabo han derivado en una mejor disposición ante los casos de VBG, disminuyendo algunas barreras existentes.

Un funcionario de una Comisaría de Familia afirma que “cuando se escucha y se es empático, las mujeres que son víctimas perciben que no están solas, entonces se pueden expresar más abiertamente. Cuando otras entidades también están prestas a escuchar se mejora la atención”. En el sector salud se han mejorado las herramientas internas para garantizar una adecuada atención a las víctimas de VBG de forma tal que, en palabras de un trabajador del hospital municipal, “ahora hay más comprensión sobre las VBG, antes no se le consideraba tan importante. Cuando llega un caso los médicos indagan si la mujer ha sido víctima de VBG y también abordamos cuáles son los efectos de esa violencia y si se requiere remisión a psicología. La información se registra en las plantillas, de manera que se pueda identificar el riesgo”. Estos testimonios evidencian que las funcionarias y funcionarios capacitados están siendo dinamizadores de cambios al interior de sus instituciones.

Adicional a lo anterior, los espacios de trabajo articulado en los municipios están siendo útiles como instancia para coordinar la socialización de la ruta a la ciudadanía, el seguimiento de casos a nivel municipal y departamental y la formulación de estrategias para llevar a la práctica la prevención y la atención y un sistema de información y análisis intersectorial de la problemática de VBG. Un resultado específico del Comité es la gestión del acceso a servicios de acogida para las víctimas y sus hijos e hijas cuando esta necesidad no puede ser suplida dentro de un territorio. El trabajo articulado es una expresión de la voluntad de las instituciones para mejorar sus servicios en torno a las VBG, siendo una prueba reciente de ello que en 4 de los 7 municipios en los que ha trabajado el proyecto Mujeres que Transforman, los Comités estén activos y actualizando la respectiva ruta de atención de VBG.

La atención psico jurídica y el seguimiento a los procesos que realiza el proyecto ha fortalecido la comunicación y articulación entre los diversos integrantes de la ruta, contribuyendo a disminuir la revictimización y a hacer más efectiva la atención de salud, de justicia o de protección, según requiera el caso. Y los primeros efectos de ese trabajo articulado entre instituciones públicas, se reflejan en los registros de atención: de las 143 activaciones de ruta realizadas entre enero 2022 y marzo 2023 con el acompañamiento del proyecto, 99 formalizaron denuncia contra el agresor y en 81 de estos casos se establecieron medidas de protección y/o de justicia.

El reto para la sostenibilidad de los avances logrados en las instituciones públicas es la rotación de personal, especialmente en los sectores salud y protección, si bien un factor favorable es que las entidades municipales están fortaleciendo sus servicios de atención a los casos de VBG, a través de la creación de Oficinas de la Mujer, Casas de la Mujer y Casas de Acogida.

Esta reseña de caso, que contribuye al Pilar 5 del Fondo Europeo para la Paz: Presencia legitimadora del Estado y gobernanza local, fue publicada en el XVIII Informe de seguimiento del Fondo Europeo para la Paz (abril – junio de 2023), y refleja algunos de los logros del proyecto Mujeres que Transforman, ejecutado por Conexión ICCO Cooperación, en consorcio con la Alianza Departamental de Mujeres Tejedoras de Vida de Putumayo. El texto está basado en documentación facilitada por el proyecto y en entrevistas a miembros de su equipo y a actores clave del proceso, algunos de cuyos testimonios se recogen en cursiva.

Sobre el Fondo Europeo para la Paz

El Fondo Europeo para la Paz es un mecanismo de cooperación de la Unión Europea creado para acompañar al gobierno colombiano en la implementación del Acuerdo de Paz, con énfasis en el Punto 1 de Desarrollo Rural Integral y Punto 3 en lo que concierne a la reincorporación de la población excombatiente de las FARC-EP a la vida civil. En el marco del Fondo se han puesto en marcha 31 intervenciones mediante las cuales se pretende contribuir a la reconciliación de la sociedad colombiana, a la reincorporación social y económica de excombatientes, a la equidad de género y la inclusión de sectores vulnerables de la población, al desarrollo rural sostenible e incluyente, y a la presencia legitimadora de Estado y la gobernanza local. La cobertura geográfica de las diferentes acciones del Fondo abarca 26 departamentos y 181 municipios del país.